RubenLG el 22/02/2010 - 13:54 nos informa:

Montecarmelo: ¿urbanismo comercial sostenible?

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Extraído de expansion.com:

PSOE y CiU asestan un golpe a la política comercial de Aguirre

Publicado el viernes 19-02-10 , por D. Gracia

La Directiva de Servicios ha removido los cimientos del mapa comercial en España. Todas las comunidades, excepto Madrid, han decidido mantener la segundas licencias sobre las grandes superficies. Un regimen que Bruselas elimina con carácter general, pero que la ley de Comercio aprobada ayer en las Cortes ha preferido dejar en manos de las autonomías.

Los ejecutivos regionales han encontrado en el medio ambiente, el patrimonio y la gestión del territorio (“razones imperiosas de interés general”, según la Directiva) los nuevos criterios para tener atadas en corto a las grandes superficies. Gracias a una pieza clave pulida en las farragosas negociaciones del Senado y el Congreso: el urbanismo.

“No es suficiente la licencia local de obras (como ha planteado Madrid en su adaptación a la Directiva). Los grandes establecimientos tienen un impacto supramunicipal que debe de estar sujeto a la racionalidad del urbanismo”, explican a EXPANSIÓN fuentes del Ministerio de Industria. El Departamento de Miguel Sebastián asevera que quiere evitar modelos originados por el “exceso de liberalización”, entre los que cita como ejemplo a Sanchinarro, San Sebastián de los Reyes o Montecarmelo en Madrid. En su opinión, estos generan problemas de movilidad, proximidad de la oferta, etc.

La Ley de Comercio del Estado (marco de toda la legislación regional) ha dado el empujón a este principio del “urbanismo comercial sostenible”.

Una de las disposiciones incluidas por el PSOE y CiU especifica que “las autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos”, por lo general, grandes superficies. Además, les obliga a tener “en cuenta el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de proximidad”.

Desde el Ministerio argumentan que, con esta disposición recogida en la ley del Estado, “se podrán impugnar las planificaciones urbanísticas que no respeten la racionalidad comercial”. Todo un órdago para algunos modelos ya implantados en Madrid.

No obstante, el interés del Gobierno por marcar un límite a la liberalización total de la distribución genera dudas legales. Lucio Rivas, socio de Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista, cree que, con esta disposición, el Estado “entra de forma indebida” en cuestiones de diseño urbano que competen a los municipios.

“Se trata de una mera declaración de principios que no tendrá relevancia práctica”, ya que sólo los ayuntamientos pueden valorar la “oportunidad” de sus diseños urbanos. Otro asunto es que las comunidades decidan en sus respectivas leyes del suelo establecer criterios comerciales para que apliquen los ayuntamientos. Desde diversas fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN añaden otro inconveniente al propósito del Ministerio. En su opinión, en la ley del Estado se está discriminando entre formatos, al hablar de “proximidad” y “concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos”.

Antecedentes

Por cuestiones muy similares, Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra la legislación de comercio española y, más en concreto, contra la antigua normativa de Cataluña. La Comisión denuncia que la protección de los consumidores “no puede llegar hasta el punto de exigir determinadas estructuras de la oferta, modelada realmente en función de especificaciones predeterminadas”.

La Comisión Europea será también en este caso la que tenga la última palabra, ya que a partir de ahora comienza la revisión a fondo de la adaptación a la Directiva de Servicios.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de Comercio Minorista tras más de año y medio de tira y afloja con las comunidades autónomas. En la práctica, son éstas las que poseen las competencias exclusivas sobre el comercio. De ahí, el tacto que el Ministerio de Industria ha tenido finalmente para no desatar un nuevo capítulo de la pelea territorial.

Ruptura del mercado

El PP fue el único grupo que no apoyo la ley. En su opinión, el Gobierno ha renunciado a sus “funciones de planificación general de la actividad económica”, manteniendo de “los altos costes de regulación y fragmentación del mercado” que soporta el comercio.


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